La gobernadora Indira Vizcaíno Silva, dio a conocer que la Contraloría General del Estado abrió cuatro auditorías especiales a la administración estatal anterior, por indicios de uso no justificado de recursos federales durante el ejercicio fiscal 2021.
Se trata, dijo, del Instituto Colimense de las Mujeres, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración y la Universidad Tecnológica de Manzanillo.
Durante la rueda de prensa “Diálogos por la Transformación” que ofreció este jueves 26 por la tarde desde Palacio de Gobierno, la mandataria dijo que desde la Contraloría General del Estado, además, se hace un trabajo de seguimiento a las auditorías federales también de la administración pasada y, “adelanto que existe preocupación, pues si bien la pasada administración estatal inició diversos procedimientos, después no se hizo más, no se movió ni un solo dedo para que estos procedimientos avanzaran”.
En ese sentido, “resulta bastante sospechoso, por decir lo menos, tanto trabajo iniciado, que no se le dio seguimiento y no tenemos que ser muy perspicaces para suponer que lo que se buscaba, es que eventualmente vencieran los tiempos jurídicos para que estos procedimientos prescribieran, por así decirlo, y que los posibles responsables quedaran intactos y sus tropelías impunes, como estaban acostumbrados”, indicó.
“Ni perdón, ni olvido; ni cacería de brujas, ni persecuciones políticas, pero tampoco complicidades, simple y sencillamente, la aplicación de la ley, ni más, ni menos. Para todos los recursos públicos, buscamos aplicar la ley. Si alguien la incumplió se la aplicaremos y punto”, advirtió.
Lo que buscamos más que el estruendo mediático, manifestó Indira, es hacer las cosas con la firmeza jurídica necesaria para que estos temas no se caigan, para que avancen de manera correcta y se pueda traducir en sanciones para quienes así lo ameriten, ya sea administrativas o penales.
En su intervención, la contralora general, Isela Uribe Alvarado, dio a conocer que en lo que va de la administración, “desde el 1 de noviembre a la fecha, hemos recibido y admitido 60 quejas ciudadanas y de autoridades, las cuales ya se encuentran radicadas en el área de investigación por presuntos hechos de corrupción de servidoras y servidores públicos, derivadas de denuncias hechas ya sea de manera directa a la Contraloría, así como algunas otras que se presentan a través de la plataforma de alertadoras y alertadores ciudadanos que tiene la Secretaría de la Función Pública y que nos dan vista cuando se trata de un hecho del estado de Colima”.
También, informó que se han admitido 130 denuncias derivadas de los procesos de auditorías que han estado en curso; 52 corresponden a los procesos de auditoría que se tienen con la Auditoría Superior de la Federación y 73 con la Secretaría de la Función Pública.
En total, dijo, “tenemos en este momento 847 denuncias en proceso de apertura de investigación. En ese sentido, debo comentar que estamos trabajando de manera responsable con la firme convicción de que existe una vidente afectación al erario público, pero desde luego hay que cuidar de manera minuciosa y responsable, la parte procesal”.
Recordó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece hasta cinco años para que prescriba un delito, una falta administrativa no grave y hasta siete años para que prescriba una falta grave o un delito penal.
A la fecha, dijo, “estamos dando seguimiento a la revisión de un monto total de 696,274,777.54 pesos, correspondientes a ejercicios fiscales y programas con recursos estatales 2020 y en algunos casos 2019. Y la meta es llegar a una revisión de 1,252,982,106 pesos. Esa es nuestra meta de este año, dar seguimiento a lo que se dejó aperturado”, concluyó.
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