El 1 de noviembre asumió como gobernadora de Colima Indira Vizcaíno Silva, quien recibió del priista José Ignacio Peralta un gobierno colapsado, según se desprende de las denuncias presentadas contra el antiguo compañero de Luis Videgaray, por la presunta corrupción prohijada durante su administración. El politólogo Josué Noé de la Vega prevé que con la morenista no habrá un nuevo proyecto de gobierno, sino sólo un cambio de rostros y de partido.
COLIMA, Col. (Proceso).– Promovido hace seis años a la gubernatura por su amigo Luis Videgaray Caso, entonces secretario de Hacienda, el priista José Ignacio Peralta Sánchez finaliza su gobierno en medio del rechazo ciudadano, a consecuencia del desastre financiero y el clima de violencia e inseguridad en los que deja hundido al estado.
En el cierre de su mandato, el titular del Ejecutivo saliente enfrenta ya una avalancha de demandas y denuncias por presuntas irregularidades y actos de corrupción, por las que podría verse envuelto en procesos administrativos y penales.
La gobernadora electa, la morenista Indira Vizcaíno Silva, quien asumirá el cargo este 1 de noviembre, ya anunció que ordenará una auditoría para revisar el manejo de los recursos y determinar las causas por las que Peralta le heredará pasivos por más de 11 mil millones de pesos.
“Si hay irregularidades cuya consecuencia fuese cárcel y a nosotros nos corresponde denunciar, haremos lo que nos toque”, advirtió.
Licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México –donde fue compañero de Videgaray–, con maestría en la misma disciplina por la Universidad de Essex, Peralta se ufanaba en sus informes de gobierno de haber logrado el reordenamiento de las finanzas públicas de Colima, pero éstas colapsaron dramáticamente los últimos meses de su gobierno.
El mandatario reconoció el quebranto económico al anunciar, el pasado 29 de julio, que para cumplir la Ley de Disciplina Financiera su gobierno pagó más de mil millones de pesos de créditos de corto plazo, y se quedó sin recursos para cubrir los salarios de más de 12 mil trabajadores y otros compromisos económicos durante el resto de su sexenio.
A principios de agosto, en una visita a esta ciudad, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió ante burócratas, docentes, jubilados y pensionados a adelantar participaciones federales para que se les cubriera su salario, al que calificó como “sagrado”.
Sin embargo, el gobierno federal sólo envió recursos para cubrir las dos quincenas de agosto y la primera de septiembre, lo que provocó paros laborales en oficinas públicas y nutridas manifestaciones de protesta en las calles contra el gobernador. Peralta responsabilizó a la Secretaría de Hacienda de retener los recursos por razones políticas, para que sea la nueva gobernadora quien entregue el pago de las quincenas atrasadas.
Cúmulo de irregularidades
Martín Flores Castañeda, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), advierte que en estos momentos se vive en la entidad una situación sin precedente, “muy caótica, muy preocupante y muy desesperante”, porque desde la fundación del sindicato nunca se había dejado de pagar el salario a los trabajadores, quienes hasta el cierre de esta edición llevaban 44 días sin cobrar.
En entrevista, el dirigente sindical considera que lo anterior es consecuencia de “una mala administración financiera, además de que se presumen actos de corrupción, pero corresponderá a las autoridades legalmente constituidas realizar una investigación profunda de las razones de este quebranto financiero y quien tenga responsabilidad tendrá que enfrentarse a la ley”.
Flores Castañeda refiere que el STSGE presentó demandas laborales ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón por la falta de pago de prestaciones y una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por no entregar las retenciones de cuotas sindicales.
Asimismo, el jueves 28 decenas de miembros del sindicato de burócratas se manifestaron en la Sala de Sesiones del Congreso local, donde solicitaron realizar una auditoría extraordinaria a toda la administración de Peralta Sánchez y, si se comprueban irregularidades, que se finquen las sanciones legales, administrativas y penales que correspondan.
A finales de septiembre, el rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, también presentó denuncias contra el gobernador ante el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental y la Fiscalía Anticorrupción, por el adeudo acumulado del subsidio estatal de este año a la institución educativa que asciende a 264 millones de pesos.
La FGE anunció a su vez, el jueves 21, la apertura de una carpeta de investigación con acciones legales “contra las autoridades que resulten responsables de la afectación financiera al órgano autónomo, mismo que ha derivado en la irregularidad de pagos en las quincenas de su personal”.
El último día del periodo de la LIX Legislatura local, el 30 de septiembre, la fracción de Morena presentó una demanda de juicio político contra el gobernador Peralta y el exsecretario de Planeación y Finanzas Carlos Arturo Noriega García, pero fue desechada por la Comisión de Responsabilidades de la actual Legislatura con el argumento de que es un documento “plagado de irregularidades” y “viciado de origen”, que podría convertirse en “un artilugio legal que fomente la impunidad de los presuntos implicados”, según el diputado priista Héctor Magaña Lara.
Entre las presuntas anomalías detectadas en la administración peraltista por el equipo de transición de la gobernadora electa se encuentra la falta de claridad en los gastos de la obra del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación e Inteligencia, que originalmente estaba presupuestada en 808 millones pesos y el costo final rebasará los mil millones de pesos.
Vizcaíno también denunció que en 2018 el gobierno del estado tenía autorizada una partida de 1.7 millones de pesos para asesorías, pero finalmente gastó 97 millones en ese concepto mediante la contratación de empresas entre las que fueron detectadas sociedades mercantiles que han sido relacionadas con la práctica de “factureras”.
Explicó: “Prácticamente estos 97 millones de pesos se adjudicaron de manera directa, con oficios de excepción, sin llevar a cabo los procesos de licitación que marca la ley. Estas adjudicaciones directas con oficios de excepción se convirtieron en un hábito, en una práctica cotidiana y común de la Secretaría de Planeación y Finanzas”.
El derrumbe de la seguridad
Pero las malas cuentas del gobierno de Peralta no sólo se dieron en el ámbito financiero, sino también en el de la seguridad pública.
Su principal lema de campaña, “Vas a vivir feliz, ¡seguro!”, se derrumbó en el primer año de gestión al dispararse los índices de violencia que colocaron a la entidad, a lo largo de todo su periodo gubernamental, en los primeros lugares del país en homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto.
Durante la administración peraltista, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó cerca de 4 mil asesinatos (en los que alrededor de 450 víctimas fueron mujeres), mientras que en el sexenio previo, el de Mario Anguiano Moreno, la cifra de homicidios fue de 940.
En el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2021, el gobierno de Peralta ofreció que Colima “volverá a ser uno de los estados más seguros del país”, pero según datos del SESNSP en septiembre de 2021 se encontraba ubicado entre los tres más violentos, después de Zacatecas y Baja California.
Una de las metas del PED en materia de seguridad era la reducción de 10% anual de la incidencia delictiva, pero ésta no sólo no se redujo, sino que se disparó a más del doble, pues mientras en 2016 se registraron 10 mil 877 delitos, en 2020 hubo 25 mil 370 y en los primeros tres trimestres de 2021 la cifra ya alcanzaba 20 mil 599.
Peralta, quien durante buena parte de su periodo estuvo entre los gobernadores peor calificados del país, dice haber recibido un gobierno con grandes retos, de los cuales logró superar algunos, pero “otros se acrecentaron y lastimaron el proceso de toma de decisiones; las problemáticas que hemos experimentado en seguridad, así como en lo financiero y administrativo, obedecen a estos dilemas estructurales”.
En su mensaje con motivo del sexto informe de gobierno, el pasado viernes 1, señaló: “Recibí unas finanzas quebradas que debieron ser reconstituidas casi desde cero, sin capacidad crediticia. Enfrentamos la peor crisis nacional de seguridad en la historia moderna, con profundos efectos en la vida colimense”.
Además, refirió que el brote de la pandemia de covid-19 generó efectos adversos no sólo en la salud pública, sino en el desarrollo y estabilidad financiera de la sociedad y de las instituciones.
El politólogo Josué Noé de la Vega Morales considera que durante el gobierno de Peralta Sánchez no hubo una política de ataque a la delincuencia.
“Pareciera ser –dice– que la única delincuencia que hay en el país es la del narco y por lo tanto se la endosan al gobierno federal y bajo esa aparente cobertura ellos se quieren deslindar de responsabilidades. Fue un gobierno totalmente oscuro: no dio alegría ni seguridad ni nada por el estilo, porque los objetivos eran otros.”
Exconsejero del Instituto Electoral del Estado y catedrático jubilado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, De la Vega Morales estima que la situación actual de Colima es “sumamente difícil, sumamente precaria y no se ve muy claro si va a haber sanciones o no para quienes hayan delinquido con el presupuesto”.
Desde el punto de vista del académico, existe un acuerdo entre Vizcaíno y Peralta para no perseguir a este último, por lo que ubica el tema sólo como “parte del discurso” de la morenista, quien en 2016-2017 ocupó la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno del mandatario saliente.
Aunque a partir del 1 de noviembre hubo cambio de partido y de rostros en el gobierno estatal, De la Vega considera que no habrá cambio de régimen ni de sistema.
Respecto de las denuncias presentadas por la Universidad de Colima contra el gobierno priista –partido del que ha sido aliado el grupo que maneja la casa de estudios–, el politólogo interpreta que es un acto simbólico mediante el cual los directivos universitarios se desmarcan del gobierno actual para poder negociar y medir fuerzas con la nueva administración.
“En el nuevo gobierno no podemos esperar una política nueva, alternativa, imaginativa, creativa, absolutamente no; no hay un nuevo proyecto local… pareciera que nomás se va a repetir lo que a nivel federal se dice o se hace y esto no tendría ninguna gracia ni creatividad; por las características de quien va a llegar, puede ser un gobierno autoritario”, indica Noé de la Vega.
Puntualiza: “Quizá sea muy oscuro el paisaje que veo, pero no me da más luz el próximo gobierno, no me da muchas esperanzas; ojalá yo pueda estar muy equivocado”.
